Finalmente, después de la presentación de un derroche de iniciativas del Ejecutivo federal de la mayor trascendencia para el país, el pasado jueves 8 de abril el PAN sometió a debate, en ambas Cámaras del Congreso, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales. Esta iniciativa, a la que se le llama "Reforma Integral" para distinguirla de la Iniciativa de Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión -o "Reforma Parcial"- de fines del año pasado, casualmente se presentó el mismo día en que se reabrió el debate para la aprobación de esta última.A partir de entonces todos los demonios del sector quedaron sueltos: apareció la noticia de que en la Reforma Parcial se encontraron huellas digitales de Televisa; los legisladores postulantes se retaron a un debate que finalmente no se llevó a cabo, ¿para qué exhibirse?; sin el apoyo del PRI -que detenta mayoría en la Cámara de Diputados-, se acordó trabajar en conjunto a favor de la nueva ley; apareció un desplegado de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión en contra de la iniciativa del PAN; y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información reclutó a todos sus miembros para la batalla en defensa de la Reforma Integral, sin derecho a cuestionarla en todo o en parte.Lo cierto es que a raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró total o parcialmente inválidos apenas ocho de los 46 artículos de las reformas conocidas como "Ley Televisa", a mediados de 2007; el Senado se comprometió a revisar la legislación para detonar la competencia en un sector dominado por los grandes consorcios que constituyen el poder de facto en el país. Sin embargo, pese a múltiples intentos por introducir una iniciativa consensada entre los principales partidos representados en el Congreso, esta reforma estratégica fue condenada por el Legislativo y el Ejecutivo federal al archivo de las iniciativas inconvenientes.Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Sin embargo, dejando a un lado los méritos de la iniciativa de la Reforma Integral -que son muchos-, y los posibles cuestionamientos -que son menos-, algunas dudas surgen especialmente en lo que se refiere a la decisión de presentar esta reforma estratégica a fines de este periodo ordinario de sesiones del Congreso, justo el día en que revivió el debate de la Reforma Parcial en el Senado, que por cierto cuenta con el apoyo del PRI y parte del PRD.Pese al ataque de la CIRT a la Reforma Parcial en diciembre del año pasado, queda claro que finalmente entendió esta iniciativa como la única solución al problema del referendo de las concesiones de radio. Ganado este punto, el PRI y algunos representantes del PRD en el Senado resolvieron aprobar la Reforma Parcial. Alertado de esta decisión, el PAN obtuvo luz verde del Ejecutivo federal para presentar la iniciativa de Reforma Integral en la que venía trabajando desde hace dos años, en lo que parecería ser una estrategia para evitar que el PRI se gane el favor de los medios.En esta línea de pensamiento, la introducción de la iniciativa de Reforma Integral por el PAN bien podría ser una carambola de tres bandas: con ella gana el aplauso público por ser "políticamente correcta"; no pone en riesgo su relación con los poderes fácticos, ya que en la práctica, y como se los haría saber, de antemano entiende que es imposible su debate y aprobación en los ocho días que faltan para que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso; y, por si no fuera suficiente, exhibe al PRI como el villano obstructor de las reformas estratégicas de la nación justo antes de las elecciones para 12 gubernaturas de estados.Con todo, aun si se aprobara la Reforma Integral sin cuestionamientos, el problema inherente de concentración de poder y falta de competencia no quedaría resuelto. La Reforma Integral omite incluir disposiciones que impulsen la aparición de nuevas cadenas de televisión y nuevas estaciones de radio; y nada dice de la posibilidad de que la convergencia aplique a todos, incluyendo a Telmex. Es cierto que estas acciones son facultad del Ejecutivo, pero ante la omisión deberían haberse incluido en los artículos transitorios.Pero ganarse el aplauso público resulta atractivo para todos, especialmente si no conlleva a perder el favor de los medios. Y aunque fue anunciado que hoy se presentará una iniciativa en el Senado para obligar al Ejecutivo a licitar frecuencias para una nueva cadena nacional de televisión en un plazo de seis meses, todo parecería indicar que se trata de mucho ruido y pocas nueces.
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