Desde los días posteriores al terrible sismo del 19 de septiembre de 1985 emergió de las tareas de rescate y auxilio la llamada sociedad civil –término muy poco habitual o casi desconocido hasta entonces–, que fue la simiente de los cambios políticos en México a fines de los años ochenta e inicios de los noventa.
De los escombros de aquel terrible terremoto de más de ocho grados surgieron también la corrupción y las violaciones recurrentes en materia de reglamentos de construcción.
Supimos entonces de las componendas entre inspectores y constructores que sin la mínima ética profesional (o de cualquier tipo) construyeron casas y edificios sin que les importara violar la reglamentación vigente, la que a su vez era en mayor medida anacrónica, insuficiente e inadecuada para una ciudad como la nuestra, con zonas de elevada sismicidad.
Lo terrible es que más de tres décadas después persisten los cuestionamientos en este sentido, en especial porque varios de los edificios que se derrumbaron o quedaron inhabitables en este nuevo 19 de septiembre se habían construido en años recientes, cuando ya existían nuevas normas en la materia.
Hablamos ahora de más de diez mil inmuebles con afectaciones, que en mayor o menor medida deberemos atender desde una evaluación seria y profesional hasta la reconstrucción eficaz en términos de cantidad, calidad y seguridad.
Un caso que sobresale es el del Colegio Enrique Rébsamen, que a la vista viola desde años atrás lo establecido por la legislación, pues ninguna escuela puede tener más de dos niveles y menos aún por encima del jardín de niños. Se sabe ahora que encima de la escuela se construyó el departamento de la dueña del plantel, sin la menor supervisión ni respeto a la reglamentación.
En ese sentido, ya las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que se abrirá una investigación completa y a fondo para fincar responsabilidades en el caso de esta escuela. Es lo menos que puede hacerse tras una tragedia de tal magnitud, en la que la naturaleza pero, sobre todo, la irresponsabilidad, la avaricia y la corrupción provocaron la muerte de 28 personas, entre ellas, 19 niños.
También en todos los peritajes que se realicen deberán abrirse expedientes donde se denuncie cualquier tipo de casos en los que se hayan utilizado materiales de mala calidad, de levantamiento inadecuado de cimientos o de otras especificaciones ignoradas, a sabiendas de la posible aparición de daños ocultos que dan cabida a la desgracia, la muerte, la destrucción y las pérdidas en general.
Muy relevante será, además, saber cuántos edificios de los siniestrados en 1985 se derrumbaron ahora. Si existen casos de ese tipo deberá castigarse duramente a los responsables. Eso incluye tanto a los funcionarios como a los empresarios en cuestión.
Asimismo, después de la evaluación que se haga de todos estos inmuebles tendrá que venir una respuesta pronta, eficaz y justa para resarcir los daños del patrimonio perdido o disminuido, parcial o totalmente, de miles de ciudadanos. Y casi sobra decir que cuando el gobierno reconstruya y levante unidades habitacionales, la edificación de éstas deberá apegarse estrictamente al reglamento vigente. Y hablando de ese ordenamiento legal, es urgente revisarlo para mejorarlo y ofrecer una mayor protección a quienes ocuparán esas viviendas.
La sociedad, por su parte, aprendió no sólo a rescatar y donar con inmensa generosidad y sentido solidario, sino a exigir y vigilar que, por ejemplo, en la reconstrucción no haya cochupos ni arreglos indebidos entre funcionarios corruptos y desarrolladores inmobiliarios voraces y de irresponsabilidad criminal.
En todo caso, todos y todas tenemos que seguir juntos en la reconstrucción de nuestra ciudad, una vez solventadas y superadas las urgencias que todavía permanecen e incluso con seres humanos todavía bajo los escombros, y donde la heroicidad y sentido humano, sobre todo de nuestros jóvenes, late sin cesar.
Sólo así podremos atenuar los efectos nocivos de cualquier terremoto que pueda sobrevenir y rendir mejores cuentas.
Lo cierto es que hoy somos una sociedad más participativa, solidaria y exigente de la que existía la mañana del 19 de septiembre de 2017. Lo relevante será seguir unidos para enfrentar de manera adecuada nuestros retos y problemas, más allá de cualquier contingencia.
El mensaje de la sociedad civil es clarísimo: ¡Resultados, transparencia, cuentas claras, no más corrupción ni impunidad!
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