Que en general se crea que el pleito entre televisoras, telefónicas, empresas de televisión por cable y asociaciones se debe a que las tarifas de publicidad de las televisoras son muy caras o a que las tarifas de interconexión de las telefónicas son elevadas, es entendible; así lo han explicado a través de campañas de publicidad en televisión, prensa e internet. Pero que representantes en el Congreso, autoridades del Ejecutivo, agencias reguladoras del sector, analistas y expertos hagan como que se lo creen, cuesta trabajo digerirlo.El circo mediático ha despertado el morbo, y muchos gozan de asistir al pleito del hombre más rico contra los dueños de la televisión. Pero con ello se ha conseguido desviar la atención del problema estructural del sector de telecomunicaciones, ocultando tras una cortina de humo la decisión del gobierno y del Congreso de no hacer nada para resolverlo.Entretanto, el debate entre analistas, expertos, operadores y autoridades se pierde en el detalle: atacar el costo de la interconexión como si fuera el corazón del problema, o argumentar en contra de las prácticas de colusión entre las televisoras, equivale a la decisión médica de resolver el dolor de brazo en un paciente de infarto.Desde hace dos décadas, el Estado dejó en manos de particulares la decisión del cuándo, cómo y hasta dónde adoptar las nuevas tecnologías que se fueran desarrollando, dando lugar a que las inversiones necesarias para el desarrollo equilibrado de la infraestructura de comunicaciones en el país se realice en función de la evaluación de rentabilidad de las empresas.A partir de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se legitimó el derecho de unos pocos grupos privados, no más de tres, de acaparar y monopolizar el mercado tradicional de las telecomunicaciones por un lado y el de la televisión por otro. Los gobiernos posteriores no hicieron más que fortalecer las barreras que impidieron que nuevos participantes entraran a competir en los feudos legitimados por concesiones.En el primer caso, el de las telecomunicaciones, operadores extranjeros fueron atraídos por el discurso del gobierno de Ernesto Zedillo, que prometió un campo nivelado para la sana competencia. Con la expectativa de legalidad, ingenuamente realizaron cuantiosas inversiones, en asociación con empresarios mexicanos, que nunca consiguieron rentabilizar y que poco después abandonaron descontándolas como pérdidas debido fundamentalmente a las prácticas anticompetitivas de Telmex, muchas incluso legitimadas por el gobierno de entonces. Tal fue el caso de AT&T en Alestra y de MCI en Avantel, por poner dos de los ejemplos sobresalientes de aquella época.En el segundo, el de la televisión, no sólo no se contempló la posibilidad de abrir el mercado a la participación de nuevos competidores, sino que durante la Presidencia de Vicente Fox se reforzó el duopolio mediante la entrega de nuevas concesiones de canales adicionales a los grupos preexistentes -Televisa y TV Azteca-, con las que al ocupar más espacio reducían la posibilidad de nuevos participantes.Sin embargo, desde hace más de una década, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones comenzaron a resquebrajar las fronteras entre los mercados de telefonía tradicional y televisión, en donde hoy la separación tendría que ser historia.Pese a ello, y como en toda guerra de ocupación, los señores feudales soberanos de sus mercados están listos para defender su territorio valiéndose de todos los métodos a su alcance: desde el retraso en la adopción de tecnologías de vanguardia -como la televisión digital, que permitiría la transmisión de nuevos canales de televisión operados por grupos competidores y la falta de inversión en la modernización de la red estructural de transmisión de datos o "súper carretera de la información"-, hasta la creación de obstáculos insalvables en la operación de redes de telecomunicaciones para obstruir la conectividad física en términos y condiciones de oportunidad.Pero es falso que esta guerra entre particulares sea ajena a las responsabilidades del gobierno. En esta disputa el gobierno federal tiene facultades para poner orden aunque la medicina que tenga que aplicar sea amarga y su costo elevado. Abstenerse de actuar equivale a renunciar al papel del Estado como rector de la economía, aunque pretendan hacernos creer que es un mero pleito entre particulares y que todo se resuelve bajando las tarifas de interconexión.
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Sergio Ayala S. felicita a purificacion carpinteyro intrepidez comentada, a guias materiales se dicen espirituales, solo interesa tributo, educacion, formacion, magisterio, apostolado, solo palabras difuso ditirambo
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