Generar las condiciones que favorezcan la posibilidad de que las mujeres que tienen hijos puedan desarrollarse profesionalmente, competir por puestos de alta responsabilidad y aspirar a ser líderes en sus áreas de trabajo es inaplazable.
La población económicamente activa en México (PEA) es de aproximadamente 54 millones 700 mil personas y, entre ese universo, el 40% corresponde a las mujeres con alrededor de 20 millones 900 mil en el mercado laboral. De acuerdo con cifras de INMUJERES, al inicio de 2018, el 68.5% de ellas eran trabajadoras subordinadas y remuneradas; el 21.8% trabajaban por cuenta propia, 7.2% se concentraban en trabajos no remunerados y únicamente 2.5% eran empleadoras. (1)
Entre lo primero que viene a la mente luego de revisar las cifras anteriores, sin duda está el tema de la equidad laboral y la cobertura de la ley para las mujeres trabajadoras dado que el 66% de las subordinadas contaron con prestaciones laborales, casi el 56% tuvieron acceso a los servicios de salud pública y poco más de la mitad, el 57.5%, tuvo contrato con la parte patronal.
Expandir los derechos laborales es una tarea fundamental. Más aún si tenemos en cuenta que del universo de casi 21 millones de mujeres que trabajan, el 26.3% no tienen hijos, el 22.9% tiene dos hijos, el 18.5% tiene 3 y el 16.5% sólo uno; el restante 16% representa a quienes tienen cuatro hijos o más. Es decir, las madres que trabajan son una parte central en el mercado laboral y éstas no tienen todos los derechos que la ley advierte y, en particular, la facilidad para desempeñar el trabajo remunerado y simultáneamente ser madres, vale decir, desplegar las actividades formativas de los niños, por lo que se entrecruzan esencialmente dos tipos de derechos, los que tienen que ver con las mujeres trabajadoras y los que aluden a los derechos de los niños a recibir las mejores condiciones para su desarrollo.
Por lo antedicho es de la mayor importancia asumir, y actuar en consecuencia, en relación a que la equidad de género y la condiciones de madre implica la existencia de reglas y horarios diferentes que le permitan atender a los niños, lo cual, por supuesto, implica un proceso de transformación cultural que debe iniciarse precisamente con la sensibilización sobre las diferencias entre ser madre y trabajadora, y quienes no lo son; y para ello se requiere que los empleadores sean más flexibles: ya que de no tomarse medidas concretas que se apliquen en sectores laborales, seguirá desperdiciándose o sub utilizándose el talento y energía de mujeres tienen que dividirse entre la preocupación por cuidar a sus hijos y su desempeño pleno en el campo laboral, o bien al revés, mujeres que no pueden ser madres que atiendan bien a sus hijos si no cuentan con las condiciones laborales adecuadas.
Una política de estado frente a las madres que trabajan necesita en primer lugar un censo que permita dimensionar el fenómeno en toda su magnitud debido a la existencia de labores que no son remuneradas, por citar un ejemplo, o que atienda la enorme heterogeneidad que hay en el país, en donde hay trabajadoras que rinden más de 35 horas a la semana y ganan menos del salario mínimo o más de 48 horas en ese mismo lapso que ganan como máximo dos salarios mínimos.
De acuerdo con el mencionado informe, son los casos de las mujeres de Chiapas (26%), Tlaxcala (21%) y Oaxaca (20%) donde dichas condiciones son más recurrentes. La misma política de estado tendría que delimitar mejores condiciones de pago y de entorno laboral de las mujeres así como definir con precisión el tipo de apoyos que se le deben dar para que desarrolle en mejores circunstancias su papel como madre de familia; en esta empresa desde luego no sólo deben intervenir instituciones públicas sino organismos de la iniciativa privada (en coordinación con las políticas públicas del gobierno).
Madres sin acceso a servicios de salud implica a hijos que también carecen de éste, por ello entre el censo antes mencionado es necesario establecer prácticas legales que incorporen a las madres a ese derecho fundamental, más todavía cuando se trata de que son el principal sostén de la familia. Ojalá que las estancias infantiles no sean canceladas definitivamente y se integren a éstas condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse en el ámbito laboral y simultáneamente atender a los niños.
- Fuente: Informe INMUJERES, 2017; El Economista, 8 de marzo 2018.
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