El escándalo ha sido mayúsculo y, más allá del color del cristal con el que queramos ver los hechos que le dieron origen, lo que es seguro es que nunca se calculó que podría crecer en esa medida, al grado de volverse la noticia principal en el país a lo largo de varios días.
Ahora, el caso de Mamá Rosa –Rosa del Carmen Verduzco, promotora y titular del albergue La Gran Familia– es harto conocido y parece que, por lo menos ante la opinión pública, el saldo es desfavorable para el gobierno federal. Sobre todo, porque a muchos les pareció excesiva la espectacular acción que desplegó el pasado día 15 para literalmente tomar por asalto el albergue debido a que, según afirman las propias autoridades, habían recibido diversas denuncias de que ahí tenían retenidos a varios niños de manera ilegal.
Porque si bien consideramos que toda autoridad debe atender cualquier denuncia ciudadana, estamos convencidos de que también es preciso, antes de actuar –sobre todo si se va a desplegar la fuerza pública– hacer previamente una investigación a fondo y proceder con cautela. Es decir, existen formas adecuadas para conducirse como autoridad, sin detrimento de los criterios de oportunidad, eficiencia y procuración de justicia.
A la vista, entonces, de los acontecimientos y de las demandas, se registran ya dos vertientes, lo que podríamos denominar dentro y fuera de casa.
La primera apunta a que en el albergue ubicado en Zamora, Michoacán, no sólo había graves deficiencias que permitían que los cerca de 500 niños residentes en ese lugar vivieran en el hacinamiento y la insalubridad, sino que, según se afirma –y ya hay detenidos por esa causas–, también se cometieron delitos de abusos físicos y sexuales en contra de algunos menores.
Pero hay otro punto de vista en el sentido de que se extralimitó la fuerza del Estado, que con su acción dejó ver evidentes rasgos de autoritarismo, como lo han sustentado diversas voces que se han hecho escuchar desde el ámbito periodístico y cultural.
Claro que no han faltado versiones sobre las supuestas “verdaderas” causas de esa acción de gobierno: desde que detrás del fuerte operativo anida el interés inmobiliario de un poderoso grupo empresarial de esa entidad, deseoso de apropiarse del gran terreno donde operaba el albergue, hasta que el escándalo se provocó de manera deliberada como un distractor social frente a la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética.
En todo caso, es urgente que se difunda información precisa y veraz en torno a la situación que prevalecía en ese centro de atención social y se finquen responsabilidades a quienes hayan actuado indebidamente.
Pero también será muy importante que se extienda sin demora una disculpa pública a las personas que fueron acusadas injustamente. Además, efectuar una serie de ajustes en los procedimientos que se siguen para realizar las investigaciones a fin de que se desarrollen adecuadamente en lo sucesivo y se eviten atropellos y actos de represión o acusaciones infundadas.
Como ya se ha dicho: hay que dejar de lado tanto apologías como linchamientos, investigar con seriedad, divulgar hechos comprobados y acusar con fundamentos, rechazando cualquier tipo de especulaciones. Y, sobre todo, garantizar que los niños que vivían en el albergue zamorano tengan un futuro esperanzador.
Sólo así se podrá tener credibilidad en las instituciones, que es un factor esencial para lograr un buen gobierno.
Facebook: Martha Chapa Benavides
@martha_chapa
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